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Prisión y “penas alternativas”: de la discrepancia política a la ilusión empírica

A fin de tener una mayor difusión internacional de las problemáticas locales y sus soluciones, hemos establecido una alianza con la revista francófona Regards Croisés sur l'Économie. Seleccionaremos algunos de los artículos publicados en esta revista para republicarlos en Kinea con nuestras habituales traducciones y algunas notas de la redacción.

Es en el marco de esta nueva alianza que proponemos el siguiente artículo, tomado del último número de la revista publicado en el primer semestre de 2017. El autor analiza las penas denominadas “alternativas a la prisión” y se interroga sobre su verdadera utilización. La reflexión se centra en el caso francés, pero pensamos que el tema estudiado y su análisis son susceptibles de despertar interés más allá de las fronteras de Francia.

En materia carcelaria, la discrepancia política permanece particularmente viva entre una derecha que se muestra represiva y una izquierda tildada de angelista. Esto ha quedado ilustrado, recientemente, con la reforma penal del 15 de agosto de 2014, relativa a la individualización de las penas y al fortalecimiento de la eficacia de las sanciones penales.1 De manera general, la acusación al gobierno de querer “vaciar las prisiones” fue contradicha por la evolución de la población carcelaria desde el comienzo del último quinquenio: al 1° de julio de 2016, había 2,000 detenidos más que al 1° de julio de 2012, alcanzando un récord sin precedentes de 69,375 personas encarceladas. Frente a la constatación de una inflación carcelaria prácticamente continua desde hace quince años, la posición de las “penas alternativas a la prisión” merece ser cuestionada. ¿Cuál es realmente su peso en el volumen de las sanciones y en qué consiste su ejecución? Más allá de la puesta en escena de discrepancias partidistas, el estudio empírico de estas sanciones revela la ilusión que subyace tal oposición. Detrás de la variedad de sanciones penales, la mayoría de ellas no sustituyen a la prisión, sino que se suman a ella. Por otro lado, la falta de recursos consagrados a estas sanciones, conjugada con la evolución de las políticas penitenciarias, hace que el contenido de estas medidas constituya menos una alternativa al modelo carcelario que su prolongación a cielo abierto.

Una gama de sanciones ilegible y compleja que participa en la extensión de la red penal2

Aunque los debates ligados a la reforma penal se cristalizaron en la creación de una nueva sanción calificada como “contrainte pénale”, hay en realidad desde hace tiempo una vasta gama de medidas que se supone limitan el recurso al encarcelamiento en los diferentes estadios del procedimiento penal.3 Estas medidas, sin embargo, han venido siendo modificadas desde hace más de 50 años por añadidos y retoques sucesivos, según el contexto político y diversos hechos, sin coherencia ni visión de conjunto. Su legibilidad a los ojos de la opinión pública, de los condenados, incluso de los mismos magistrados, se encuentra fuertemente comprometida. Más allá de la complejidad de las categorías jurídicas, se puede distinguir empíricamente cuatro grandes tipos de medidas: las sanciones pecuniarias, las penas de encarcelamiento, las medidas de régimen abierto y finalmente las medidas de educación, de prohibición o de confiscación.

Ilustración por Diane Rottner

Las multas constituyen la gran mayoría de las sanciones financieras, a las cuales, asimismo, se deben sumar las penas de días-multa4 (Tabla 1). Juntas representan 40% de las condenas pronunciadas en 2015. Entre las penas de encarcelamiento, hay que distinguir las penas de prisión incondicional (pronunciadas en 22% de los casos5) de aquellas complementadas por un sursis simple, suspensión simple de la ejecución de la condena (17%), penas que solamente serán puestas en ejecución en caso de reincidencia (bajo ciertas condiciones). Las medidas de régimen abierto son aquellas a las cuales se aplica con mayor frecuencia el calificativo de penas “alternativas” a la prisión. Dos tercios de estas medidas son sursis avec mise à l’épreuve (SME), suspensiones condicionales de la ejecución de la condena, constituyendo el travail d’intérêt général (TIG), trabajo en beneficio de la comunidad, el tercio restante. Con 959 contraintes pénales pronunciadas en 2015, su porción es hoy ínfima (0,2%). El conjunto de estas medidas de régimen abierto representa 12.5% de las condenas. Los otros fallos posibles forman el 8.5% restante: cerca de la mitad son medidas educativas con destino a los menores, la otra mitad agrupa revocaciones del permiso de conducir, prohibiciones diversas o confiscaciones de objetos. Resta el seguimiento socio-judicial, pronunciado en menos de 0.5% de los casos. Éste está reservado a los crímenes más graves, a menudo complementando una pena de prisión. Finalmente, notemos que el juez complementa la condena con una dispensa de pena en menos de 1% de los casos.

Sanciones pecuniarias (multas y días-multa) 229,025 40%
Penas de prisión incondicional 125,711 22%
Penas de prisión con sursis simple 96,709 17%
Medidas de régimen abierto (SME, TIG, contraintes pénales) 71,631 12.5%
Otros (medidas educativas, prohibiciones, dispensas de pena...) 50,244 8.5%
Total de las condenas pronunciadas en 2015 573,320 100%

Tabla 1: Distribución de las condenas pronunciadas en 2015 según el tipo de sanción (Francia metropolitana y departamentos de ultramar). Fuente: Ministère de la justice, utilización del registro nacional judicial.6

A fin de cuentas, en Francia, fuera de las condenas por crimen (0.5% de los fallos), que comportan un encarcelamiento en la aplastante mayoría de los casos, los fallos penales son dominados por las sanciones financieras. Por su parte, la proporción de medidas de régimen abierto permanece relativamente estable desde hace diez años: siendo la disminución reciente del pronunciamiento de suspensión condicional de la ejecución de la condena compensada con el incremento del trabajo en beneficio de la comunidad. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha permitido frenar el recurso al encarcelamiento incondicional, cuya porción de las condenas pronunciadas desde hace al menos 30 años nunca fue tan elevada como en 2015. Con todo derecho se puede pensar que las sanciones de régimen abierto no constituyen una alternativa a la prisión. Si estas sanciones no hubieran existido, sin duda la mayoría de las personas que son sometidas a ella no habrían sido condenadas a una pena de prisión incondicional, sino a una suspensión simple de la ejecución de la condena. Lejos de una flexibilización de la justicia, estas medidas contribuyen, más bien, a la extensión de la red penal.

Modalidades de adaptación de la pena improductivas, incomprensibles y no igualitarias

Una vez pronunciado el fallo, el proceso de ejecución de las penas no hace más que comenzar, siendo que una de las características de las penas modernas es el ser modulables. De esta manera, hay diferentes posibilidades de conversión o de adaptación de una pena de prisión incondicional, antes o durante su ejecución. La liberación condicional, creada desde 1885, constituye la medida de adaptación más antigua, pero su uso tiende a ser menos frecuente. Consiste en excarcelar, bajo condición de un seguimiento extra-carcelario y del respeto a cierto número de obligaciones, a un detenido que haya purgado al menos la mitad de su pena (dos tercios en caso de reincidencia), para favorecer su reinserción progresiva en el seno de la sociedad y limitar los riesgos de reincidencia.

Otras adaptaciones que apuntan esencialmente a las penas “cortas” se desarrollaron desde mediados del siglo XX a fin de evitar el “shock del encarcelamiento” y de contener la sobrepoblación carcelaria. Así, si en la audiencia se pronuncia un auto de formal prisión, toda persona condenada a una pena de prisión incondicional inferior a dos años (un año en caso de reincidencia) es convocada el mes siguiente a comparecer ante un juez encargado de la ejecución de la pena a fin de considerar la posibilidad (o no posibilidad) de una ubicación exterior (10% de los casos), de una semilibertad7 (15%) o la colocación de un brazalete electrónico (75%). Por otro lado, cuando una persona ya está detenida, puede interponer una demanda para beneficiarse de este tipo de medidas desde que el resto de su pena es inferior a dos años. Entonces lo que pasa es que se evita una “salida seca”, sin acompañamiento, dando privilegio a una puesta en libertad progresiva y vigilada.

Centro de semilibertad de Corbeil-Essonnes (fuente: Wikimedia Commons; autor: Reinhardhauke; licencia: CC BY-SA 3.0).

Si bien, conforme a su principio, estas adaptaciones sí son alternativas al encarcelamiento en la medida en que permiten hacer salir de prisión a algunos detenidos y evitarles a otras personas entrar allí, plantean muchas dificultades prácticas. Para comenzar, se observa que el incremento de las penas de prisión incondicional en las condenas coincide con la extensión del campo de aplicación de las adaptaciones en 2004 y en 2009. Los jueces parecen anticipar una eventual adaptación, y esto los conduce a emitir fallos más severos. Asimismo, se puede comprender que la opinión pública tenga reparos en aceptar la idea de que una pena de prisión de muchos años pueda ser ejecutada bajo otra forma, sobre todo porque las posibilidades de conversión de una pena de prisión incondicional inferior a 6 meses en una pena de días-multa o de trabajo en beneficio de la comunidad hacen más grande la confusión. En fin, el principal criterio de atribución de una adaptación se basa en el hecho de disponer de un trabajo o de tener un proyecto profesional juzgado como sólido, lo que redobla el efecto de las inequidades penales y sociales. Los condenados que disponen de menos recursos (escolares, económicos, relacionales) tienen menos oportunidades que los otros de ver su pena adaptada, y tienden a ser sentenciados de manera más severa, sobre todo porque es menos fácil para ellos tener acceso a un buen abogado y con mayor frecuencia son orientados a procesos de fallo expeditivos (Gautron y Retière, 2016; Herpin, 1977).

La continuidad de las políticas penitenciarias: de la prisión al régimen abierto

Sin embargo, aferrarse a la crítica de la extensión de la red penal y de los sesgos ligados a las adaptaciones no basta para poner fin al debate. Si bien estas medidas no sustituyen a la prisión desde un punto de vista estadístico, ¿es posible que su puesta en marcha dependa de una concepción alternativa de la pena? Para el Consejo de Europa, estas medidas de régimen abierto consisten en “una serie de actividades y de intervenciones que implican seguimiento, asesoría y asistencia con miras a reintegrar socialmente al autor de la infracción y contribuir a la seguridad colectiva”.8 En concreto, implican que los condenados atiendan los citatorios periódicos de su asesor penitenciario de inserción y de probation. Estos asesores, en colaboración con diferentes colegas, deben implementar un acompañamiento de vocación socio-educativa. También están encargados de velar por el respeto del condenado a una serie de obligaciones establecidas por el juez, entre las cuales las más frecuentes son la obligación de realizar labores, de mantener o buscar activamente un empleo, o incluso de indemnizar a las eventuales víctimas. El no-respeto a estas condiciones o la comisión de una nueva infracción pueden comportar la revocación total o parcial de la medida y culminar en un encarcelamiento.

Mientras la administración penitenciaria dispone de alrededor de 27,000 vigilantes para 69,000 detenidos, los asesores penitenciarios de inserción y de probation no son más de 3,500. Un tercio de ellos trabaja en prisión, lo que deja alrededor de 2,300 para seguir a las 165,000 personas en régimen abierto reportadas al primero de julio de 2016,9 a las cuales se suman 11,000 personas bajo control electrónico. Por otra parte, le perfil de estos personales ha cambiado de manera repentina a consecuencia de una reforma de su estatuto intervenida a mediados de la década de 1990: si bien la profesión ha sido siempre ampliamente feminizada, antes se trataba esencialmente de trabajadoras sociales y ahora dos tercios de las nuevas empleadas son contratadas al terminar un master en derecho, sin experiencia de trabajo social. Además, reformas administrativas recientemente han generado una creciente especialización de sus misiones, en detrimento de la polivalencia, y una estandarización de los instrumentos de intervención, en detrimento de un acercamiento relacional.

En estas condiciones, el seguimiento en régimen abierto tiende a reducirse a la verificación formal del respeto a las obligaciones y a la evaluación prospectiva de los riesgos de reincidencia, en vez de desarrollar una verdadera labor de acompañamiento y de acciones de reinserción en colaboración con la sociedad civil y las asociaciones socio-judiciales. En el estado actual de cosas, todo hace pensar que no existe una diferencia de naturaleza, sino de grado de coerción, entre la prisión y el régimen abierto. Tanto en uno como en otro caso, la implementación de estas medidas por parte de la administración penitenciaria se basa en la combinación entre tres lógicas sedimentadas con el tiempo: la disciplina, que busca normalizar las conductas; el control, en tanto que poder limitativo que apunta a circunscribir el espacio y el tiempo; la responsabilización, que hace del justiciable el principal garante del éxito o del fracaso de la pena a la cual se encuentra sometido.

Conclusión

Ya sea que se trate del pronunciamiento de las sanciones, de sus posibilidades de adaptación o de sus condiciones de ejecución, hablar de “alternativas a la prisión” constituye en muchos aspectos una ilusión. Para limitar el recurso a la encarcelación, el verdadero desafío no se sitúa al nivel de la ejecución de las penas, sino en la transformación de las políticas penales previas a la condena. Además del hecho de aumentar el presupuesto de la justicia y de reservar la detención preventiva a los casos más graves, tres instrumentos principales pueden ser aquí mencionados: despenalizar ciertas infracciones; prohibir el pronunciamiento de una pena de prisión para algunos delitos; limitar las duraciones de encarcelación a las que se expone el infractor en los otros casos. Lejos de ser medidas de clemencia, tales disposiciones son adecuadas para garantizar un funcionamiento de la justicia más competente de parte de los profesionales y menos desigual para los justiciables, y entonces verdaderamente más eficaz.

Bibliografía

  • Gautron V. et Retière J-N. (2016), “La décision judiciaire : jugements pénaux ou jugements sociaux ?”, Mouvements, 88(4), p. 11-18.

  • Herpin N. (1977), “L’application de la loi : deux poids, deux mesures”, París, Seuil.

  • De Larminat X. (2014a), “Hors des murs. L’exécution des peines en milieu ouvert”, París, PUF.

  • De Larminat X. (2014b), “Un continuum pénal hybride. Discipline, contrôle, responsabilisation”, Champ Pénal, 11 [en línea: http://champpenal.revues.org/8965].

Notas


  1. Reforma sostenida por la ministra de justicia Christiane Taubira, del gobierno socialista de Manuel Valls, bajo la presidencia de François Hollande (2012-2017) (Nota de la redacción)

  2. La extensión o ampliación de la red penal, es una expresión utilizada cuando la aparición de nuevas medidas comporta la sanción de delincuentes antes no sancionados, o una incrementada severidad de las penas pronunciadas en su contra. 

  3. No evocaremos aquí las medidas alternativas a los procedimientos judiciales (reparación, mediación penal, recordar a la persona incriminada las disposiciones legislativas aplicables…) ni las alternativas a la detención preventiva (control judicial, asignación de una residencia bajo vigilancia electrónica…) para concentrarnos exclusivamente en el pronunciamiento de las sanciones penales y su ejecución. 

  4. El monto de la multa está divido en número de días, que corresponden a la pena de prisión enfrentada en caso de no pago. 

  5. Una de cada cinco veces, estas penas comportan una porción de prisión incondicional combinada con otra medida (esencialmente una suspensión condicional de la ejecución de la pena). 

  6. Citado en Ministère de la Justice (2016), Les condamnations en 2015, Sous- direction de la statistique et des études. Las agrupaciones por categorías fueron realizadas por nosotros. 

  7. La persona detenida puede salir en el día para trabajar o seguir una formación en libertad, pero debe volver cada noche a dormir recluida en una celda. 

  8. Recommendation CM/Rec(2010)1 of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Probation Rules [en línea]. 

  9. La porción importante de personas seguidas en régimen abierto en relación al número de condenas de este tipo está ligada al hecho de que a menudo se trata de medidas largas, que se extienden muchos años. Por otra parte, esta cifra incluye las liberaciones condicionales.